El Gobierno de coalición, con el Ministerio de Igualdad a la cabeza, está a tiempo de aprobar la moratoria de un año para quienes ya hayan iniciado este proceso con el objetivo de regular la inaplicación de la instrucción que permite la política de hechos consumados.
Los debates entre las diferentes corrientes feministas no puede ser el pase a la vulneración de los derechos de las mujeres.
